Apoyo a Gordillo y Cañamero. LO DICE UN JURISTA CON CONCIENCIA

Comparto mi posición sobre la acción de Écija y Arcos, en mi artículo LA LEY
Y EL CAOS. (El SAT nos interpela)

Como ciudadano y jurista ayer me vi interpelado por la sorprendente acción
del SAT en Écija y Arcos de la Frontera. Hay momentos en la historia de un
país y de una sociedad en los que se siente el vértigo de ver de cerca la
llegada del caos. Entiendo por caos el descontrol que el imperio de la ley
debe evitar. Pero no todas las leyes sirven para ese fin. Sólo las leyes
justas, sentidas como tales por el conjunto de la sociedad, asumidas como
necesarias y aplicables siempre, sean cuales sean las circunstancias de cada
individuo, y que son efectivamente aplicadas, en todos los casos, según
procedimientos igualmente asumidos como justos, imparciales, trasparentes y
sin dilaciones, cumplen esa misión.



Cuando las leyes, o su aplicación real, no garantizan la realización de los
derechos básicos de los ciudadano o el cumplimiento de sus deberes con la
sociedad; cuando están en desacuerdo con un mínimo ideal de justicia y del
bien común, es que el descontrol ya está instalado legalmente, o forma parte
de los mecanismos por los que deben ser aplicadas, o se consiente su
vulneración a los que están llamados a cumplirlas y hacerlas cumplir.



Las leyes y su aplicación concreta deben ser el soporte, la columna
vertebral, de la convivencia en paz y justicia. ¿Lo son hoy?. Veamos:



1.- Según las estadísticas 1.700.000 familias no tienen ningún ingreso. Este
dato es más importante que el de 5.700.000 parados porque doy por hecho que
ese colchón asistencial que es la familia, afortunadamente, funciona en la
mayoría de los casos. Dentro de una semana, el 15 de agosto, muchos dejarán
de recibir el sucedáneo de cartilla de racionamiento que son los 400 euros.



Esas mismas familias, como la inmensa mayoría de los ciudadanos, se van a
ver afectadas por la práctica desaparición de muchas de las prestaciones
asistenciales, sanitarias, educativas, propias de lo que hemos llamado
Estado del Bienestar. ¿Cuantos derechos humanos básicos garantizados por la
Constitución Española, por la Declaración de Derechos Humanos y acuerdos
internacionales vinculantes, han dejado o van ha dejar de ser efectivos?.



2.- Si pasamos de las estadísticas a la realidad concreta de las personas,
si aterrizamos en la vivencia diaria de la justicia por los españoles, vemos
que los responsables y depositarios del dinero del pueblo, lo han usado
contra el pueblo, para encarecer sus viviendas y para especular con
fraudulentos productos financieros. Vemos que el descontrol de esa actividad
esencial permite todo: hace rehén a los Estados y a los ciudadanos, asfixia
a las pequeñas y medianas empresas y, cuando todo se descubre, cuando son
evidente los resultados de la estafa concretados por ejemplo en la pérdida
de su dinero por 1.00.000 de personas estafados por cajas y bancos en
participaciones preferentes, en cientos de miles de desahucios, en empresas
cerradas y en tres millones más de parados, no sólo no se les piden
responsabilidades. Muy al contrario, se les permiten "recompensas"
millonarias y se nos obliga a todos los ciudadanos a pagar sus desmanes de
por vida, a costa de la vida digna de varias generaciones. Bueno a todos no,
porque la injusticia fiscal y el fraude es la norma asumida e incentivada.



3.- Todos los días, durante años, hemos vistos y vemos con normalidad
incumplimientos de sus obligaciones legales por los poderes públicos. Me
refiero no sólo al impago de sus deudas a trabajadores, a pequeñas empresas,
(empresas asistenciales, clínicas de interrupción del embarazo,
constructoras, empresas de limpieza, de trasporte, etc) con el resultado de
ruina, cierre y despidos. Me refiero sobre todo, a la dejación en el control
de las entidades financieras, a la corrupción generalizada en el uso del
suelo, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos.
¿Qué consecuencias han tenido en la práctica estos desmanes? ¿Se ha
respondido con celeridad y eficacia desde la administración de justicia?.
Esa pregunta tiene una respuesta cruel con nombre propio. Se llama Baltazar
Garzón al que se ha purgado del sistema por hacer su trabajo en la
investigación del caso Gürtel.



4.- Todos los días se dictan nuevas leyes para hacer efectiva la dictadura
de los poderes financieros, la pérdida de derechos, el descenso a la
semiesclavitud de los que aún tienen trabajo. Nuestros gobiernos (el
central, los autonómicos y locales) obedecen a Alemania, al Banco Central
Europeo, al FMI, a REPSOL o a cualquier llamada de la OTAN y USA, pero nunca
a la soberanía popular, a la palabra dada al pueblo. Incumplen si es preciso
o dejan de lado, las normas constitucionales. Todas son prescindibles salvo
una, la única no votada por el pueblo: la obligación de pagar el capital e
intereses de una deuda externa, mayoritariamente ilegítima, tras el golpe
mortal del bipartidismo a la Constitución. Ahora justo hace un año, nadie
podrá decir que no se ha notado.



El fruto de esas normas será que habrá niños que no tendrán una alimentación
suficiente, (ya los hay) que morirán inmigrantes por no poder pagar la
atención sanitaria y por el descenso de la que aún nos prestan al resto, (ya
ocurre). Las mujeres tendrán que tener hijos inviables, a las que nadie
ayudará, quese verán desprotegidos los dependientes, que aumentarán los
suicidios, (cada uno puede seguir con la lista)



5.- Pero, como ocurría en el siglo XIX, y España en casi todo el XX, como
ocurre en todo Estado Liberal Totalitario, todo este descontrol motivado por
la burla al Estado Social, Democrático y de Derecho, tendrá que ser
compensado y mantenido por la fuerza represiva de los aparatos que nunca se
descuidan. Ya se están fortaleciendo esos mecanismos represores, ya se están
sometiendo ferreamente a los medios de intoxicación y adoctrinamiento, y
espionaje de la sociedad; ya, paralelamente, mueven e infiltran por doquier
sus grupos, buscando coartadas para el crimen perfecto: el asesinato de la
democracia.



Ante este panorama siniestro, las acciones del SAT, son comparativamente una
anécdota. Una lógica reacción a su vez descontrolada, que dibuja un
escenario que puede ser cotidiano. Algunos ciudadanos podrían haber visto,
inicialmente, la resistencia pacífica a los desahucios o la ocupación de
viviendas, con la misma prevención. Hoy cualquier ciudadano comprende a las
familias que, por esos métodos, no hacen más que intentar hacer real su
derecho a la vivienda, un derecho que es garante de otros como la salud, la
posibilidad de cuidado de los hijos, los mayores, sabiendo que la negación
de este derecho es el mayor atentado a la familia.



Nadie escoge esos caminos por frivolidad o insensatez, nadie busca seguirlos
mañana, no estamos los ciudadanos sedientos de aventura. Han sido otras
"aventuras" demasiado controladas las que nos han llevado a este punto.
Muchos pensamos que todo está previsto para empeorar, y que esos planes se
cumplirán si una escalada de conciencia, de unidad y de acción determinante
y pacífica, no lo impide.



La rebeldía debe ser casi unánime, pero coordinada, pacífica y medida. Es
decir controlada por todos y por cada uno. La rebeldía tiene que tener sus
leyes internas asumidas sin necesidad de ser impuestas. Son muchas veces las
mismas leyes que los poderes públicos no quieren cumplir, que los jueces,
muchas veces, no quieren, no saben, no aciertan a aplicar, son las mismas
leyes que los policías olvidan ante la suprema ley de la obediencia. Esa
obediencia que deben al soberano, que según nuestra carta magna es el pueblo
del que forman parte.



Vivimos una realidad que nos interpela. Las tomas de fincas, las ocupaciones
de viviendas, las "recogidas" de alimentos, no son anécdota. Es la fiebre
que va a ir subiendo de una enfermedad que no tiene cura con las cirugías y
quimioterapias que nos aplican. Una terapia que únicamente afecta a la parte
sana del cuerpo social.



La salud no vendrá sin sufrimiento, como tampoco sin sufrir nos están (o en
cierta forma nos estamos) destruyendo. Nos queda la libertad por la que cada
uno debe decidir si su sacrificio va a servir para el bien personal y
colectivo, o para su destrucción por unos cuantos ante nuestra mayoritaria
indiferencia.

El miércoles, 8 de agosto de 2012 16:46:41 UTC+2, Manu escribió:

Por respeto a los derechos de los trabajadores, desde mi humilde posición
voy a proponer, como así lo voy a secundar yo mismo, la afiliación masiva al
sindicato de Diego Cañamero y la DESAFILIACION A LOS SINDICATOS TRAIDORES
UGT Y CCOO.